La falta de relevo generacional en las profesiones agrarias es un tema recurrente desde hace tiempo y tiene consecuencias que pueden llegar a ser preocupantes. Los motivos son varios y complejos, por lo que en esta entrada nos vamos a centrar en uno particularmente limitante: la dificultad del acceso a la tierra.
Una persona joven que quiera empezar a trabajar en el campo y no disponga de tierra o instalaciones aportadas por la familia, parte con muchos más obstáculos. En esta entrada veremos cuales son estas y, sobre todo, cómo los bancos de tierras (allá donde existen) contribuyen a sortearlas.
El reloj que no para
La edad media de edad de agricultores y ganaderos, tanto en la Unión Europea como en España, es de 57 años. Según los datos de 2020 que maneja Eurostat, aunque la agricultura y la ganadería son son actividades en las que escasean los jóvenes: un 57,6 % tienen 55 años o más y los jóvenes menores de cuarenta representan solo el 11,9 %.
El panorama no mejora si nos centramos en España. Según estadísticas del MAPA de 2020 en torno a tres de cada cinco agricultores (67%) tenían más de 55 años. Los menores de 35 años han ido disminuyendo y solo representan el 3,9 del total.
En otras palabras, en esta década, 6 de cada 10 agricultores entrarán en edad de jubilación, y por tanto será necesario que se incorporen 200.000 nuevos trabajadores del campo para que haya un relevo generacional sostenible. ¿Será posible encontrarlos de aquí a diez años?
Los problemas detrás del acceso a la tierra
Para un joven interesado en ejercer actividades agrarias el acceso a la tierra es prácticamente imposible, salvo que pertenezca a una familia de agricultores o ganaderos.
Aun así, la dificultad del acceso a la tierra también dificulta la supervivencia de muchas explotaciones agrarias de pequeño y medio tamaño, que no pueden mantener o ampliar su superficie, algo necesario en ocasiones para garantizar su competitividad. De igual manera, supone un importante obstáculo a la creación de pequeñas empresas agrarias, ya que las tierras son las que son, no se pueden fabricar o sacar de un sombrero mágico.
Veamos con algo mas detalle qué problemas estructurales existen.
La propiedad de la tierra
La SAU (Superficie Agraria Útil) en España es de 23,2 millones de hectáreas. En torno a 13,7 millones (el 59%) están en régimen de propiedad: es decir las posee alguien que hace con ellas lo que considera (incluso tenerlas olvidadas o abandonadas). Unos 7,5 millones de hectáreas (32,6%) están en régimen de arrendamiento, o lo que es lo mismo alquiladas a alguien que las aprovecha. Del resto, 582.228 hectáreas (2,5%) son tierras comunales (un patrimonio abierto al uso de agricultores o ganaderos locales) o se clasifican en otros regímenes de tenencia.
El problema viene, a menudo, a la hora de saber de quién son determinadas tierras, cuáles se venden o se arriendan, cuáles no, y a qué precios.
El precio de la tierra
En 2023 (últimos datos disponibles según este informe de Cocampo), el precio medio del suelo rústico en España se situó en 9.967 euros por hectárea y experimentó una revalorización del 10,7% en relación con 2020.
Obviamente, este valor medio no refleja las enormes diferencias productivas de nuestro país. En lo alto de la lista tenemos las fincas de plataneras en Santa Cruz de Tenerife (274.383 euros por hectárea), los cultivos bajo plástico del sureste peninsular (en torno a los 240 000 €/ha), los cultivos subtropicales y tropicales de la Costa del Sol (129.038 €/ha y 115.161 €/ha respectivamente). En la parte baja se encuentran los pastizales de diversas provincias del norte (Huesca, Palencia, Soria).
Aunque no es el principal problema detectado, tampoco se puede negar la incidencia de la especulación financiera. Agentes externos al medio rural que disponen de mucha liquidez y medios han encontrado en las tierras agrícolas una posibilidad de inversión segura, lo cual altera sus precios de compra y alquiler.
La baja movilidad del mercado de terrenos rústicos
La superficie agraria que es objeto de compraventas en España representa, según la Dirección General de Catastro, en torno al 0,25% de la superficie rústica total. Este dato nos revela una parte importante del problema: es difícil encontrar gente que venda sus tierras. De hecho los últimos datos del INE muestran que ha crecido la transmisión de fincas (un 6,15%, que tampoco es para tirar cohetes, recurre a herencias u otros mecanismos) mientras que las compraventas han disminuido un 0,8%.
Se han identificado varios motivos que lo explican, tanto en la parte de los vendedores —desconfianza de los propietarios ante un comprador o arrendatario desconocido y el valor afectivo de las tierras—, como de los compradores —desconocimiento y falta de asesoramiento— o que afectan a ambas partes: las implicaciones fiscales (impuesto de transmisiones patrimoniales para el comprador, pago del IRPF para el vendedor) y una tramitación costosa y complicada.
La falta de conexión entre propietarios que quieren ceder y jóvenes que quieren cultivar.
Uno de los principales obstáculos detectados por los autores de un informe del sobre este problema MAPA es que a menudo se desconoce quién es el propietario de la tierra y que los datos catastrales no están correctamente actualizados. Para poder acceder a estas tierras, normalmente infrautilizadas, es necesaria la implicación de diversas administraciones: catastro, SIGPAC, ayuntamientos, etc.
Existen numerosas iniciativas encaminadas a favorecer las relaciones personales entre el que deja la actividad y el que se incorpora: podemos citar la «Quincena de la transmisión» y las prácticas remuneradas en explotaciones que se llevan a cabo en Francia. Pero aquí vamos a centrarnos en los bancos de tierras existentes en nuestro país.
¿Qué es un banco de tierras y cómo funciona?
Un banco de tierras es un registro administrativo público de fincas rústicas cuyo objetivo es ejercer como intermediario entre propietarios de tierras que no se están aprovechando y personas o pequeñas empresas agrarias que interesadas en hacerlo. Si ambos llegan a un acuerdo, este puede dar lugar a un contrato de cesión, aparcería o alquiler, en el que ambas partes saldrán beneficiadas.
Dado que en España la gestión del suelo rústico está descentralizada, tenemos diversos modelos de bancos de tierras. La iniciativa para crearlos suele nacer de entidades públicas ligadas al territorio: comunidades autónomas, diputaciones provinciales, comarcas y municipios. Así, tenemos bancos especialmente desarrollados y activos en Cataluña, Galicia, la Comunidad Valenciana y el País Vasco. Vamos a ver sus características.
El Banco de Tierras de Galicia (Bantegal): creado por la Consellería de Medio Rural y actualmente Gestionado por la Agencia Gallega de Desarrollo Rural (Agrader). Al enfocarse en los minifundios, beneficia a la agricultura familiar o de subsistencia, ya que trata de agrupar las parcelas para hacerlas económicamente viables. Como parte de su función mediadora busca dar confianza y seguridad en la gestión y en el uso de las fincas. Es posible consultar y solicitar las parcelas que están incorporadas al Banco de Tierras de Galicia a través del Sistema de Información de Tierras de Galicia.
Siguiendo por el norte, en Asturias cuentan con el Banco de Tierras del Principado de Asturias plenamente institucionalizado, ya que es un organismo autónomo dependiente del Gobierno autonómico. En su web indican que su misión es ser «un instrumento de asistencia técnica transversal enfocado al relevo generacional y productivo en las explotaciones agrarias bajo criterios de sostenibilidad». Entre sus ejes de actuación se encuentra la consolidación de un banco de tierras, una bolsa de fincas rústicas para su arrendamiento garantizado (el programa Arrendalia).
El País Vasco reguló la creación y funcionamiento de los bancos de tierras en su Ley 17/2008 de Política agraria y alimentaria. Esta posibilidad la ha aprovechado la Diputación Foral de Bizkaia para poner en marcha el suyo propio: el Fondo de Suelo Agrario, que ha facilitado terreno a profesionales del sector primario, tanto para incorporarse como para ampliar sus explotaciones.
En Navarra encontramos un modelo similar impulsado por la Unión de Cooperativas Agroalimentarias de Navarra (UCAN) en el que son las cooperativas las que hacen de intermediarios y dinamizadores. En este documento puedes encontrar más información.
Los jóvenes que quieran comenzar su «carrera» agraria en Cataluña tienen varias posibilidades. Existen bancos de tierras de iniciativa local y comarcal, coordinados en red, entre los que destaca el Banc de Terres en Xarxa de la Diputació de Barcelona, capaz de aportar valor añadido a los usuarios de este servicio en forma de intermediación o apoyo técnico entre otros aspectos.
A nivel privado no podemos olvidar las iniciativas Espai Test Agrari de Gandesa (a través de Escola de Pastors de Catalunya y apoyado por la Diputación de Tarragona) la en el que los jóvenes que posean cierta formación o experiencia pueden acceder a pastos con los que “testear” durante uno o dos años sus propias capacidades de cara a emprender su propio negocio.
La Comunidad Valenciana también dispone de bancos de tierras activos junto con una red de de oficinas gestoras municipales y comarcales orientadas a recuperar parcelas en desuso y facilitar el acceso a tierra agraria. Cabe destacar el Banco de Tierras Agrícolas de València, impulsado por el Consell Agrari Municipal, que funciona como un registro público de parcelas aptas para cultivo cuyos titulares las incluyen de forma voluntaria. La Diputació de València por su parte también gestiona un Banco de Tierras provincial que pone en contacto a propietarios y personas interesadas en arrendar o ceder terrenos agrícolas. Es también destacable es el Banco de Tierras de la comarca valenciana de L’Horta Nord apoyado por los principales sindicatos agrarios.
Castilla-La Mancha es de las pocas comunidades autónomas que ha aprobado una Ley de agricultura familiar y de acceso a la tierra. Consecuentemente, ha impulsado un Banco de Tierras de carácter público, que cuenta con el apoyo de cooperativas locales. En un principio se nutriría inicialmente de los bienes rurales procedentes de las antiguas cámaras agrarias y podría ampliarse con tierras abandonadas o en desuso.
Entre las iniciativas privadas cabe citar el banco de tierras de la Red Terrae, de ámbito estatal y centrado en los futuros productores que se decanten por la agroecología.
Hay mucho margen de mejora
Según el grupo focal del ministerio que ha analizado el papel de los bancos de tierras, estos son instrumentos potencialmente muy útiles, pero con un impacto real a día de hoy todavía limitado. Para que sea escalable al conjunto del país, consideran necesario que se den dos condiciones:
– Dotarlos de una mayor flexibilidad para incorporar nuevas tierras (oferta) y diversidad de nuevos agricultores y silvicultores (demanda).
– Dotarlos de una regulación y recursos para llevar a cabo una intermediación. Que incluya mecanismos ágiles de transmisión sin olvidar los requisitos de transparencia y libre concurrencia.
Cuando el propietario es la propia administración pública
Como hemos visto en el caso del banco de Tierras de Castilla-La Mancha las administraciones a veces poseen terreno que no llegan a gestionar adecuadamente. En este sentido a nivel estatal, y mientras se avanza en el desarrollo de una futura ley estatal de agricultura familiar, el gobierno anunció en enero de 2026 la movilización de 17.000 fincas de titularidad estatal.
Además, se está trabajando en la puesta en marcha de «Tierra Joven», una Plataforma de Información y Movilización de Tierras Agrarias, que será liderada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Con ella se pretende difundir la oferta y la demanda, así como ofrecer información homogénea y unificada sobre el mercado de tierras agrarias en España. Esta nueva plataforma estará orientada a facilitar el acceso sobre todo a jóvenes, mujeres y nuevos profesionales agrarios.
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